Investigación tecnológica y derechos fundamentales: Comentarios a las modificaciones introducidas por la ley 13/2015 (Gran Tratado nº 928)

La investigación de las ocupaciones delictivas que se planean y desarrollan en el ciberespacio necesita, muy frecuentemente, de la utilización a dicho fin de las propias herramientas tecnológicas. La potencialidad y las habilidades que dan estas herramientas son muchas veces el único medio que hace posible el hallazgo de la acción criminal y la determinación de sus causantes y por consiguiente, el ejercicio en defensa de la sociedad de la acción sancionadora del Estado en frente de esas ilegales formas de proceder. Se habla, sin embargo, de instrumentos y/o técnicas de investigación precisamente invasivas que tienen la posibilidad de perjudicar a derechos y libertades escenciales de los ciudadanos, con lo que es indispensable que su utilización quede supeditada, en cualquier caso, al respeto gracias a estos derechos y libertades y a las garantías inherentes al Estado de Derecho. La ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre tiene dentro a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la regulación descriptiva de una pluralidad de medidas de investigación tecnológica, donde se conjugan los dos factores: remarcar la aptitud estudiosa del Estado dada esta novedosa forma de delincuencia y asegurar los principios y valores que sostienen nuestro ordenamiento jurídico.

Con ese propósito, el legislador ha recogido y sistematizado la doctrina que venían estableciendo los Tribunales nacionales y también de todo el mundo sobre muchas de las técnicas de investigación limitativas de derechos, como asimismo -en un meritorio esfuerzo de armonización normativa- ciertas esenciales herramientas que, con esa finalidad, se han definido en disposiciones normativas y convenios de todo el mundo sobre la materia.