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Rehabilitada el 20 de Mayo de 2021. La presente Ley general es de orden público, de interés popular y observancia en todo el territorio nacional, en concepto de lo preparado por los productos 1o., parágrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los USA Mexicanos, Tratados De todo el mundo festejados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en temas de víctimas. En las reglas que cuiden a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se va a aplicar siempre y en todo momento la que mucho más favorezca a la persona. La presente Ley ordena, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos y cada uno de los campos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, tal como a alguno de sus áreas de trabajo, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proveer asistencia, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos y cada uno de los campos de gobierno van a deber accionar de conformidad con los principios y criterios establecidos en esta Ley, tal como ofrecer atención instantánea de manera especial en materias de salud, educación y asistencia popular, de lo contrario van a quedar sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya rincón. La reparación integral entiende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no reiteración, en sus dimensiones individual, colectiva, material, ética y simbólica. Todas estas medidas va a ser incorporada en pos de la víctima sabiendo la gravedad y intensidad del hecho victimizante cometido o la gravedad y intensidad de la violación de sus derechos, tal como las situaciones y peculiaridades del hecho victimizante. El objeto de esta Ley es: I. Admitir y asegurar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, de manera especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, adecuada diligencia y todos los otros derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados De todo el mundo de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos
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