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La aptitud del sistema constitucional para proteger el ejercicio de los derechos se mide con garantías que aseguren su cumplimiento. La efectividad de la idoneidad normativa y la eficacia de los elementos garantistas necesitan que las medidas jurisdiccionales sean funcionales y también impidan excesos expropiatorios, arbitrariedades estatales o abusos particulares al derecho de propiedad. El afirmamiento de su ejercicio no es dependiente de si es calificado corno un derecho primordial o no, sino más bien de su conexión con el derecho a la tutela judicial eficaz vulnerado. Por este motivo, la acción excepcional de protección como mecanismo de tutela de derechos constitucionales violados en procesos ordinarios necesita el esmero de la Corte Constitucional en la utilización efectivo de la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra se revela la confusión conceptual de la Corte, que cree que, mientras familiar, el derecho de propiedad carecería de tutela constitucional.
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