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En la medida en que regla que especialidad procesalmente el control judicial de las Gestiones y de otras instancias públicas españolas, la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, forma sin ningún género de dudas entre los elementos basilares de la garantía de nuestro Estado de Derecho. Se habla, además de esto, de una Ley que durante sus ahora mucho más 2 décadas de vigencia fué objeto de varias reformas, ciertas de ellas de enorme calado como, a fácil título de ejemplo, la concerniente a los elementos de casación. Al propio tiempo, y como no podía ser de otra manera, mediante su tarea interpretativa el Tribunal Constitucional y, más que nada, los tribunales de justicia y la doctrina, han contribuido de modo especialmente definitivo a concretar la llegada de los distintos preceptos que la tienen dentro, conformando un acervo intelectual importante para el saber exacto y, por tanto, para la app adecuada de exactamente la misma. Tanto por su composición, como por el enfoque de su contenido, el presente volumen quiere proveer al lector un análisis de la indicada Ley jurisdiccional en el que, aparte de prestar un examen interpretativo actualizado, pormenorizado y estricto de su articulado, las instituciones jurídicas y el espíritu crítico cobren el importancia que les toca.
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