Ejecución penal y resocialización de detenidos dentro de la penitenciaría del Distrito Federal: ¿existe resocialización dentro del modelo actual?

Este producto examina la presente situación de precariedad donde está el sistema carcelario brasileiro y a consecuencia de la ineficacia de la función resocializadora pluma y una comparación con Argentina. La evolución de la pena y sus especies y teorías. Las precarias condiciones en las que se llevaron, no solo previenen que la rehabilitación es eficiente, pero asimismo establece ofensa a uno de los más importantes derechos que la Constitución de 1988 quiere resguardar, la dignidad de la persona humana. Los derechos y garantías de los presos no están garantizadas solo por el CF, la Ley de Ejecuciones Penales asimismo muestra la composición y las condiciones bajo las que los presos iban a ser encontrado. Estas garantías y principios están precisamente violados gracias a las condiciones inhumanas presos viven. El hacinamiento de las cárceles, uno de los más importantes inconvenientes que combaten hace otros inconvenientes que se tienen que combatir por el Gobierno, como la crueldad sexual, la transmisión de patologías, en especial la crueldad y el tráfico de drogas y armas. Finalmente, tratamos de enseñar una solución a la crisis y los tratos inhumanos, el resultado se presentó buscar colaboración público-privada (PPP) de las prisiones a fin de buscar las condiciones para un espacio mucho más digno y humano. La etapa de hoy de las prisiones brasileiras se establece aversión en la ley de ejecuciones penales. La verdad exhibe la fragilidad de la administración convicto llevada a cabo por el Estado, lo que transporta investigadores del derecho generalmente a buscar elecciones para asegurar los derechos del detenido establecidos en la Constitución y las leyes, tal como proveer el propósito resocializadora de castigo. En este contexto aparece la iniciativa de la colaboración entre el Estado y el ámbito privado mediante asociaciones público-privadas (PPP), en lo especial, por contrato firmado tras la licitación, la prestación de servicios de materiales de la ejecución penal, como la infraestructura, servicios de educación y de salud, al paso que el Estado ejercita sus funcionalidades judiciales y corrobora la ejecución del contrato y da guardas de la prisión, capacitados y retribuidos para esa función. Para finalizar, no había la oportunidad de adopción de las asociaciones público-privadas con el objetivo de asegurar el preso cumplimiento de la pena solo con la restricción de su independencia sin una disminución en su condición de humano.